Presentación de la “Crónica Novelada del Colectivo Auxiliar” en reiteración a las solicitudes pendientes sobre reclasificación, adecuación a la Ley de Función Pública y evaluación de riesgos psicosociales
A LA ATENCIÓN DE DÑA. MARÍA GUARDIOLA MARTÍN
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA (A11026280)
Con copia a:
• Dña. Elena Manzano Silva, Consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social (A11026274).
• Dña. Sandra Victoria Valencia Ramos, Consejera de Educación y Formación Profesional (A11026374).
Asunto: Presentación de la “Crónica Novelada del Colectivo Auxiliar” en reiteración a las solicitudes pendientes sobre reclasificación, adecuación a la Ley de Función Pública y evaluación de riesgos psicosociales.
EXPONE:
Primero.— Que se hace entrega de la "Crónica Novelada del Colectivo Auxiliar: por la justicia y la reclasificación en la Junta de Extremadura", una obra que surge ante el silencio administrativo que ha ignorado durante demasiado tiempo las demandas del colectivo. Esta crónica funciona como una herramienta de denuncia que expone la realidad de 2.550 auxiliares administrativos atrapados en un vacío burocrático, gestionando tecnologías del siglo XXI con una definición legal y retribución ancladas en el año 1983.
Segundo.— Que existe un incumplimiento flagrante de la Enmienda número 83, de 14 de diciembre de 2022, en la que el Grupo Parlamentario Popular se comprometía a impulsar un proceso de definición y reclasificación de las categorías profesionales para adecuarlas a la Ley de Función Pública de Extremadura.
Tercero.— Que el actual modelo administrativo adolece de una despersonalización burocrática donde las responsabilidades se diluyen y las demandas de justicia se convierten en expedientes sin firma. Asimismo, se denuncia la invisibilidad de la salud laboral, sustentada en informes técnicos de apenas 99 palabras que niegan riesgos psicosociales sin entrevistar a los trabajadores, ignorando el impacto del burnout y el estrés crónico.
Cuarto.— Que se constata la existencia de recursos económicos suficientes, dado que los diputados extremeños son los segundos mejor remunerados de España, con una percepción mensual de 4.989,47 euros brutos. Resulta igualmente significativo el incremento salarial que han experimentado el Presidente de la Junta, los miembros del Consejo de Gobierno y los altos cargos de libre designación, sumado al crecimiento exponencial de puestos con retribuciones superiores a los 50.000 y 100.000 euros anuales. Es especialmente agraviante que todos estos grupos perciban el 100% de sus pagas extraordinarias, mientras se perpetúan los recortes salariales que el personal público viene arrastrando desde el año 2010.
Por todo lo anterior,
SOLICITA:
I.— Que se dé cumplimiento efectivo a lo prometido en la Enmienda 83, iniciando de inmediato el proceso de definición, reclasificación y actualización de las categorías profesionales conforme a la Ley de Función Pública de Extremadura.
II.— La negociación y firma de un Acuerdo-Convenio Integral que homologue las condiciones de todo el personal (laboral, estatutario y funcionario), garantice un salario mínimo digno y elimine la brecha salarial respecto a otras comunidades autónomas, estableciendo para ello un Salario Mínimo de Acuerdo-Convenio de 1.500 euros mensuales.
III.— La eliminación definitiva de los recortes acumulados desde 2010 y la recuperación del 100% de las pagas extraordinarias para los empleados públicos, en igualdad de condiciones con los altos cargos y diputados.
IV.— Que, siguiendo el ejemplo de austeridad de otras administraciones, se congelen los salarios del Consejo de Gobierno y altos cargos, y se redirijan las subvenciones sindicales hacia las subidas salariales de los empleados públicos, garantizando que los sindicatos se sostengan únicamente mediante las cuotas de sus afiliados.
V.— Que esta comunicación, junto con la crónica presentada, reciba la atención y respuesta formal que la dignidad de este colectivo merece.
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Estimada Sra. Presidenta:
Tengo el honor de hacerle entrega de la "Crónica Novelada del Colectivo Auxiliar: por la justicia y la reclasificación en la Junta de Extremadura". Esta obra nace de la esperanza de que un formato narrativo y humano logre, finalmente, que la Administración regional escuche unas demandas que el silencio burocrático ha pretendido ignorar durante demasiado tiempo.
La intención de esta crónica es nítida: mientras las comunicaciones registradas se pierden a menudo en el laberinto de los archivadores y los pasillos oficiales, el relato de una realidad compartida avanza con una agilidad que ningún oficio administrativo puede igualar. No es solo literatura; es el testimonio de un agravio.
Resulta necesario recordar que el Grupo Parlamentario Popular, cuando ejercía su labor en la oposición, abrazó nuestras reivindicaciones con elocuencia. Prueba de ello es la enmienda número 83, de 14 de diciembre de 2022, en la que se comprometían textualmente a impulsar un proceso de definición y reclasificación de las categorías profesionales para adecuarlas a la Ley de Función Pública de Extremadura. El texto de dicha enmienda rezaba lo siguiente:
“La Junta de Extremadura impulsará un proceso de definición de todos y cada uno de los puestos prestados por el personal al Servicio de la Administración Autonómica, al objeto de proceder, en su caso, a su reclasificación y actualización de las diferentes categorías profesionales existentes, adecuándolas a la Ley de Función Pública de Extremadura.”
Sin embargo, hoy que ostentan la responsabilidad del gobierno, el silencio se ha convertido en su única respuesta.
Esta crónica, titulada "El limbo hipnótico del colectivo auxiliar", funciona como una herramienta de denuncia. Expone la cruda realidad de 2.550 auxiliares administrativos que habitan un vacío burocrático donde el tiempo parece detenido en 1983. Existe una disonancia insostenible: somos profesionales que gestionamos tecnologías del siglo XXI y flujos complejos de datos, pero cuya definición legal y retribución siguen ancladas en una era analógica ya desaparecida.
Los pilares de este laberinto administrativo son críticos:
• Traición a la palabra dada: Resulta imperativo denunciar el incumplimiento de la Enmienda número 83, impulsada en diciembre de 2022 por el Grupo Parlamentario Popular desde la oposición. Aquel compromiso firme, que prometía una reclasificación y actualización de las categorías profesionales, se ha disuelto, una vez alcanzado el poder, en un silencio institucional absoluto.
• Despersonalización y vacío: Bajo un modelo de gestión que evoca el «dominio de nadie» de Hannah Arendt, la maquinaria burocrática diluye las responsabilidades individuales. En este escenario, las legítimas demandas de justicia se transforman en expedientes sin firma y las promesas se evaporan sin dejar rastro entre los pasillos de mármol de la Administración.
• Invisibilidad de la salud laboral: Denunciamos la vacuidad de un informe técnico de apenas 99 palabras que, de forma temeraria, niega la existencia de riesgos psicosociales sin haber realizado una sola entrevista a los trabajadores. Este proceder ignora deliberadamente el impacto devastador que el estrés crónico y el burnout están teniendo sobre la salud del colectivo.
• La propuesta de equidad: Reivindicamos la necesidad urgente de un Acuerdo-Convenio Integral que homologue las condiciones de todo el personal —laboral, estatutario y funcionario—. El objetivo es garantizar un salario mínimo digno y erradicar la brecha salarial respecto a otras comunidades, emulando modelos de gestión que ya han demostrado su eficacia y justicia en otros territorios.
Es preciso aclarar que el desenlace de esta obra —donde se alcanza la justicia organizacional— es hoy un ejercicio de ciencia ficción prospectiva. Siguiendo los principios de Sinergia Digital Entre Logos, extrapolamos las tensiones actuales para ensayar un futuro posible. El final no es un acto de magia, sino un análisis de la perseverancia: si mantenemos una constancia extrema, como la de Andy Dufresne en Shawshank, la inercia del mando terminará cediendo ante la solidez de la razón técnica y la dignidad humana.
Contamos con la certeza de que existen recursos suficientes para atender estas demandas; la actualidad informativa así lo confirma. Recientemente, hemos tenido conocimiento de que los diputados extremeños son los segundos mejor remunerados de todo el país. Aquellos representantes de la Asamblea con dedicación exclusiva perciben una retribución mensual de 4.989,47 euros brutos, una cifra que sitúa sus emolumentos por encima de los que perciben los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado.
En el pasado, interpelábamos a los anteriores equipos de gobierno con una cuestión que hoy mantiene toda su vigencia: ¿cómo se justifica que el Presidente de la Junta de Extremadura, los integrantes del Consejo de Gobierno y el resto de altos cargos se hayan incrementado el sueldo ante unos resultados de gestión tan cuestionables?. Resulta agraviante que ustedes perciban el 100% de las pagas extraordinarias, al igual que los parlamentarios, mientras este derecho se le sigue escatimando al personal público. En este sentido, tiene usted sobre su mesa una solicitud formal, impulsada por el sindicato USO, para revertir finalmente los recortes salariales que el colectivo viene arrastrando desde el año 2010.
Asimismo, es un hecho constatado y difundido por diversos medios de comunicación que el número de efectivos de la Junta de Extremadura con retribuciones superiores a los 50.000 euros ha experimentado un crecimiento exponencial. Según los datos que arroja el Anexo III, cerca de medio millar de trabajadores de esta Administración perciben salarios anuales por encima de los 100.000 euros, dándose incluso casos de remuneraciones que superan el umbral de los 200.000 euros al año.
Le instamos a seguir el ejemplo de austeridad que en su día aplicó Dña. Isabel Díaz Ayuso en Madrid, perteneciente a su misma formación política, congelando los salarios de su Consejo de Gobierno y altos cargos durante una década; le instamos a seguir esa senda de ejemplaridad para atender sus promesas electorales. Asimismo, es imperativo que las subvenciones sindicales se redirijan a las subidas salariales de los empleados públicos. La salud de nuestra democracia exige sindicatos que vivan de sus afiliados y no de "canonjías" que desvirtúen su función fiscalizadora.
En espera de que esta comunicación reciba la atención y respuesta que el colectivo merece, le envío un cordial saludo.
Atentamente,
En Plasencia, a 13 de agosto de 2026.
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