En una mañana otoñal de Extremadura, mientras las hojas doradas caían suavemente sobre las calles de Mérida, un funcionario se sentaba frente a su escritorio, contemplando con cierta frustración un documento que yacía frente a él. Era el 31 de octubre de 2024, y en sus manos sostenía una solicitud que parecía haberse extraviado en el laberinto de la administración pública.
El documento en cuestión, dirigido a Don Francisco Eugenio Pozo Pitel, Secretario General de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, no era más que el último capítulo de una saga que había comenzado hace 86 días. El solicitante, un empleado público con años de servicio a sus espaldas, buscaba algo aparentemente simple: un certificado que detallara sus funciones y tareas en el centro educativo donde trabajaba desde el 1 de octubre de 2017.
La historia se remontaba al 6 de agosto de 2024, cuando el Jefe de Servicio de Transparencia y Calidad de los Servicios de la Junta de Extremadura había enviado una comunicación a la Secretaría General. "Con esta misma fecha damos traslado de su comunicación...", rezaba el mensaje, prometiendo una pronta resolución que nunca llegó. El reloj digital marcaba las 11:58:21 cuando se firmó electrónicamente aquel documento, iniciando una cuenta atrás que parecía no tener fin.
Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El solicitante, paciente pero determinado, observaba cómo el plazo legal de tres meses establecido por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común se desvanecía en el horizonte. Ni siquiera el límite máximo de seis meses parecía ser suficiente para desenredar el nudo gordiano de la burocracia extremeña.
En medio de esta espera, el eco de promesas políticas resonaba en los pasillos de la administración. Una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura durante la X Legislatura flotaba en el aire como un recordatorio de compromisos pendientes. Aquella propuesta, con número de entrada 202200026481 del 17 de noviembre de 2022, hablaba de impulsar un proceso de definición de puestos y reclasificación profesional. Palabras que ahora parecían lejanas, casi etéreas, frente a la realidad de un certificado que no llegaba.
El solicitante recordaba con cierta ironía las preguntas parlamentarias que el mismo grupo, ahora en el gobierno, había presentado sobre la reclasificación de Auxiliares Administrativos del Grupo C2 que realizaban funciones de Administrativos del Grupo C1. Las referencias PREE-3497 y PREE-3494 se habían convertido en números grabados a fuego en su memoria, símbolos de una esperanza que se resistía a morir.
Con la determinación de quien sabe que la justicia, aunque lenta, debe llegar, el funcionario decidió actuar. Redactó un nuevo escrito, esta vez no solo dirigido al Secretario General, sino también a la Consejera de Hacienda y Administración Pública, Dña. Elena Manzano Silva, al Director General de Función Pública, Don Domingo Jesús Expósito Rubio, a la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura y al mismísimo Defensor del Pueblo, Don Ángel Gabilondo Pujol.
En su misiva, el solicitante registró las comunicaciones previas, aquellas que desde 2023 habían descrito meticulosamente las funciones y tareas que realizaba, propias, según respaldaban sus pruebas documentales, del Subgrupo Funcionarial C1. Cada referencia de registro era un hito en este camino: REGAGE24e00057091954 y REGAGE24e00058266644, códigos que encerraban la historia de una lucha silenciosa por el reconocimiento profesional.
Mientras redactaba, el funcionario no pudo evitar pensar en las palabras del Defensor del Pueblo, recibidas el 23 de septiembre. Aquella comunicación, que hablaba de la supervisión de las administraciones públicas y la resolución de peticiones y recursos, parecía ahora un faro en la niebla de la incertidumbre administrativa.
Al finalizar su escrito, el solicitante miró por la ventana. El otoño seguía su curso implacable, transformando el paisaje extremeño. Y allí, frente a su ordenador, comprendió que su petición era más que un simple trámite burocrático. Era un testimonio de perseverancia, un recordatorio de que detrás de cada expediente hay una historia humana, una vida profesional que busca reconocimiento y justicia.
Con un suspiro, adjuntó el reporte técnico que detallaba su odisea burocrática y, con un clic, envió el documento. La pantalla confirmó el envío, y el funcionario se recostó en su silla. Afuera, las hojas seguían cayendo, testigos silenciosos de una batalla que, aunque invisible para muchos, era crucial para quienes, día tras día, hacen funcionar los engranajes del Estado. La certificación aún no llegaba, pero la determinación de obtenerla permanecía inquebrantable, como un faro en la noche administrativa de Extremadura.
Fuente y +info:
REGAGE24e00083179287, REGAGE24e00083182101, REGAGE24e00083182788, REGAGE24e00083183521 y REGAGE24e00083184276