Solicitud de Intervención por Vulneración de Derecho a Respuesta Congruente (Expediente 24022497). A la atención del Defensor del Pueblo, Don Ángel Gabilondo

Se remite, para su conocimiento, copia de la Solicitud de Intervención (Expediente 24022497) presentada al Defensor del Pueblo. El propósito de esta solicitud es requerir su asistencia debido a la falta de respuesta congruente por parte del Secretario General de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Don Francisco Eugenio Pozo Pitel, a mi petición de un certificado que detalle mis funciones y tareas.

Se remite copia a:

- Dña. María Guardiola Martín, Presidenta de la Junta de Extremadura. A11026280

- Dña. Elena Manzano Silva, Consejera de Hacienda y Admón. Pública (Presidenta de la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura). A11026274

- Don Francisco Eugenio Pozo Pitel, Secretario General de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura. A11044897

- Don Domingo Jesús Expósito Rubio, Director General de Función Pública (Presidente de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General). A11016190

- Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura. A11005996

Asunto: Solicitud de Intervención por Vulneración de Derecho a Respuesta Congruente (Expediente 24022497)

Fecha: 14/05/2025

Estimado Defensor del Pueblo, Don Ángel Gabilondo Pujol:

He recibido su atenta comunicación de fecha 22 de mayo de 2025, en la cual me informa de que la intervención del Defensor del Pueblo procede únicamente en los casos en los que la actuación de cualquier administración pública implique un desconocimiento o vulneración de los derechos constitucionalmente reconocidos a los ciudadanos, y no en aquellos casos en los que, por intensa que esta sea, lo que existe es una discrepancia jurídica de un ciudadano respecto de una decisión o actuación administrativa.

En relación con el Expediente Nº 24022497, deseo señalar que no existe únicamente una discrepancia jurídica de un ciudadano respecto de una decisión o actuación administrativa, sino una vulneración de los derechos constitucionalmente reconocidos a los ciudadanos. Para ilustrar este punto, permítame mencionar que en una sugerencia emitida el 2 de septiembre de 2020 por Don Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo en funciones entre 2017 y 2021, se indicaba, cito literalmente: "Los ciudadanos tienen derecho a obtener una respuesta expresa, por escrito, fundada, en tiempo y forma, adecuada al procedimiento que corresponda y en congruencia con las peticiones formuladas". Referencia de la SUGERENCIA: 20019385. Esta sugerencia, por cierto, fue aceptada por la institución a la que se remitió.

Es precisamente en esta cuestión donde la resolución de 30 de enero de 2025, emitida por el Secretario General de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, vulnera mis derechos fundamentales. Dicha resolución se limita a indicar mi categoría profesional, información que no solicité al citado Secretario General, Don Francisco Eugenio Pozo Pitel. Lo que he requerido de forma reiterada al citado Secretario General es "que me certifique las funciones y tareas que realizo de manera continuada en el centro educativo de la Junta de Extremadura, dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, donde presto mis servicios desde el 1 de octubre de 2017, y que de nuevo se le adjuntan a Usted como DOC1 (https://tinyurl.com/25d2l8z5)".

En resumen, la resolución del Secretario General de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Don Francisco Eugenio Pozo Pitel, no es una respuesta "en congruencia con las peticiones formuladas". Esta situación se asemeja a lo que la Real Academia Española (RAE) describe con la expresión "donde vas, manzanas traigo", que se utiliza para responder a una pregunta con algo que no guarda relación directa.

Por todo ello, solicito su ayuda para que inste al Secretario General de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Don Francisco Eugenio Pozo Pitel, a que ofrezca una respuesta expresa a lo que reiteradamente le he solicitado, la última vez el pasado 23 de marzo de 2025: la reiteración de la solicitud para la emisión del certificado que detalle las funciones y tareas desempeñadas.

En la citada comunicación al Secretario General, le ofrecí sólidos argumentos para que procediera a ello, los cuales reproduzco a continuación:

"Le presento un argumento económico crucial, más relevante que las 2.300 palabras del expone de esta solicitud. ¡Y se trata de simplemente un proceso de los muchos que le podría mostrar! para que así dejen ustedes de, como certeramente expresa el dicho popular, "tirar duros para recoger pesetas": ¿Ha considerado el coste que supone para la Consejería, en términos de horas y recursos, la realización por parte de los docentes de los centros educativos de Extremadura de todo el papeleo y burocracia relacionados con las FCT y la Formación Profesional Dual?

¿Es usted consciente del número de docentes implicados en estas funciones burocráticas y el tiempo que dedican a ellas? ¿Ha calculado el coste económico total que implica que los docentes realicen estas gestiones? Estas tareas podrían ser llevadas a cabo eficientemente por los trabajadores de los departamentos de administración, a quienes, sin embargo, la Junta de Extremadura niega 200 euros mensuales que supondría su reclasificación.

Este planteamiento cobra especial relevancia considerando que la Consejería de Educación ha anunciado recientemente un convenio marco para simplificar la burocracia en las prácticas de alumnos en la FP Dual, reconociendo implícitamente la carga administrativa actual.

Los docentes se quejan de la carga burocrática, que los aparta de actividades docentes durante horas que se extienden a lo largo del curso escolar. El partido que sustenta al Gobierno de Extremadura afirmó en sede parlamentaria que la carga burocrática de los docentes era excesiva y costosa, reflejando "datos demoledores": el 94 por ciento de los docentes considera "excesiva" la burocracia que tienen que realizar durante su jornada lectiva.

Esto se evidencia en la Propuesta de Impulso ante el Pleno 227/X (PDIP-239), que insta a la Junta de Extremadura a adoptar medidas para reducir la carga burocrática que soportan los docentes, la cual merma el desarrollo educativo del alumnado y perjudica el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta propuesta fue formulada por el Grupo Parlamentario Popular (PP) en la sesión plenaria número 60, celebrada en Mérida el 13 de enero de 2022, durante la X Legislatura de la Asamblea de Extremadura.

Como ya le he trasladado en otras ocasiones, esta iniciativa se alinea perfectamente con el programa "Habla Educ-Acción", ofreciendo una oportunidad única para implementar una metodología Ganar-Ganar que beneficie a todas las partes involucradas. Esta estrategia no solo mejoraría la eficiencia en la gestión educativa, sino que también fomentaría un ambiente de colaboración y respeto mutuo entre docentes, personal administrativo y la Consejería."

En espera de su pronta respuesta a lo solicitado, reciba un cordial saludo.

Defensor del Pueblo: REGAGE25e00041053850, Presidenta: REGAGE25e00041047522, Consejera Hda y Admón Púb REGAGE25e00041048774, Sec Gral Consej Edu: REGAGE25e00041049739, DGFP: REGAGE25e00041050595, Inspección Gral Servicios JuntaEx: REGAGE25e00041051665