En una mañana otoñal de Extremadura, mientras las hojas doradas caían suavemente sobre las calles de Mérida, un funcionario se sentaba frente a su escritorio, contemplando con cierta frustración un documento que yacía frente a él. Era el 31 de octubre de 2024, y en sus manos sostenía una solicitud que parecía haberse extraviado en el laberinto de la administración pública. El documento en cuestión, dirigido a Don Francisco Eugenio Pozo Pitel, Secretario General de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, no era más que el último capítulo de una saga que había comenzado hace 86 días. El solicitante, un empleado público con años de servicio a sus espaldas, buscaba algo aparentemente simple: un certificado que detallara sus funciones y tareas en el centro educativo donde trabajaba desde el 1 de octubre de 2017. La historia se remontaba al 6 de agosto de 2024, cuando el Jefe de Servicio de Transparencia y Calidad de los Servicios de la Junta de Extremadura había enviado
Se hace necesario, vista la similitud, solapamiento y semejanza de funciones que en la actualidad se vienen dando entre el Cuerpo Auxiliar (Grupo C2) y el Cuerpo Administrativo (Grupo C1) de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, proceder a llevar a cabo un proceso de reclasificación de estos funcionarios de carrera por parte de la Junta de Extremadura.