Dos varas de medir en la Junta de Extremadura: la claridad normativa de los docentes frente al laberinto legal de Administración General
Dos colectivos de dimensiones prácticamente idénticas dentro de la Administración autonómica extremeña —con alrededor de 17.000 efectivos cada uno— afrontan realidades opuestas a la hora de ejercer sus derechos laborales más básicos. Mientras que el personal funcionario docente dispone desde hace dos años de una norma única, actualizada y sistemática que reúne todo su régimen de permisos y licencias, los empleados públicos de Administración General se ven obligados a rastrear entre un entramado disperso de leyes estatales, decretos autonómicos desfasados y circulares interpretativas. El contraste normativo quedó fijado en agosto de 2024, cuando la Consejería de Educación publicó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la Orden de 29 de agosto de 2024. Este texto refundió en un solo documento todo el catálogo de permisos del profesorado no universitario: desde los días por asuntos particulares y enfermedad propia hasta los supuestos por hospitalización, fallecimiento, matrimonio o nac...